Bajo la excusa de impulsar “la transferencia tecnológica”, el oficialismo busca separar a los investigadores que sirven de los que presuntamente no. "Nos empujan a irnos del país", dicen.
El decreto del viernes que modificó la composición del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), tiene el objetivo de recortar aún más la autonomía de un organismo que, de cualquier manera, ya estaba desmantelado. Creado para gestionar los fondos que garantizan los proyectos de científicos y científicas, desde diciembre de 2023 sus capacidades se encuentran prácticamente paralizadas. Con la reducción del directorio (de 10 miembros solo serán 2), además, se asegura una mayor arbitrariedad en la orientación de los pocos fondos que se dispongan, por ejemplo, hacia investigaciones que el gobierno considere “estratégicas”, es decir, redituables. Una norma similar, anticipan investigadores a este diario, podría modificar el directorio del Conicet, el organismo rector de ciencia y técnica en el país. Así es cómo, sin financiamiento, muchas líneas de trabajo podrían sufrir el golpe final.
En el DNU que modifica la estructura de la Agencia, también se modifica la misión. En ello se concentra Valeria Levi, investigadora del Conicet y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y detalla: “Se pasa de promover, fomentar y financiar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación a solo enfocarse a la transferencia al sector productivo. Esto tiene dos problemas fundamentales. Por un lado, se piensa en proyectos a muy corto plazo, desconociendo que los desarrollos tecnológicos, que podrían cambiar o mejorar la matriz productiva del país, requieren mayores plazos. Por otra parte, se dejan afuera a temas prioritarios de gran relevancia social que nos preocupan enormemente, pero a los que no se les puede medir un ‘retorno económico inmediato’”
