La decisión se enmarca en la creciente preocupación por las arbitrarias intimaciones que los titulares de estas pensiones están recibiendo por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una clara muestra de desprotección hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
"Estamos frente a una política de crueldad que no se detiene, ni siquiera con quienes más necesitan del acompañamiento del Estado", señalaron desde el Gobierno Provincial, al confirmar esta medida de contención jurídica.
El asesoramiento se canalizará a través de organismos provinciales y apunta a garantizar que ninguna persona con discapacidad vea vulnerado su derecho a una pensión que, en muchos casos, constituye su único sustento.
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